El Gobierno chileno envió, con Gabriel René Moreno y Luis Salinas Vega, las “bases chilenas” para un acuerdo con Bolivia, mediante el cual Bolivia renunciaría a la provincia de Atacama a cambio de asegurarse Arica como su puerto natural de conexión con el océano Pacífico.
Fernando Cajías de la Vega
A corto tiempo de la toma de Antofagasta y del resto del departamento del Litoral boliviano y a poco de la declaratoria de Guerra con el Perú y Bolivia, al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Domingo Santa María, se inició la denominada “política boliviana”, llevada a cabo por la diplomacia chilena con el propósito de lograr la alianza con Bolivia, a costa del Perú.
Como afirma el historiador chileno José Miguel Concha —en su libro La política boliviana: iniciativas del Ejecutivo chileno para una alianza estratégica en Bolivia publicado en 2011— la “política boliviana” tenía dos objetivos: “neutralizar a toda costa una eventual participación de la Argentina en la lucha armada y establecer canales diplomáticos con Bolivia para lograr su marginación de la guerra” y así centrar la lucha armada solo contra el Perú.
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| Vista del puerto de Antofagasta a inicios del siglo XIX |
Como es de amplio conocimiento, las reuniones con el presidente boliviano Hilarión Daza se realizaron en mayo de 1879 en Arica y el resultado fue un fracaso porque Daza se negó a romper la alianza con el Perú, hizo públicas las bases chilenas acusando al Gobierno chileno.
Más allá del practicismo de Santa María, lo importante es destacar que en plena Guerra del Pacífico autoridades chilenas se dieron cuenta que dejar a Bolivia sin acceso al mar era injusto y ocasionaría conflictos posteriores.
Por eso es necesario recordar fragmentos de las cartas de Santa María y Rafael Sotomayor, transcritas tanto por autores bolivianos como por autores chilenos. A continuación la transcripción de la carta de Santa María a Rafael Sotomayor, ministro de Guerra, de 8 de diciembre de 1879: “(…) El único medio que habría de evitar este serio inconveniente, la prolongación de la lucha en Tarapacá, sería interponer a Bolivia entre el Perú y nosotros, cediendo a la primera Moquegua y Tacna. Así habría un muro que nos defendería del Perú y nos dejaría tranquilos en Tarapacá (…). No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia.
Privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia. Al contrario debemos sustentar su personalidad como el más seguro arbitrio de mantener la debilidad del Perú”. (La misiva fue publicada por el historiador Concha en el libro anteriormente citado).
La transcripción de la otra carta de Justiniano Sotomayor enviada al presidente Hilarión Daza se detalla en el pergamino que se adjunta a este artículo. En ese sentido, las cartas de Sotomayor fueron publicadas por el historiador boliviano Roberto Querejazu y revelan el reconocimiento del Gobierno chileno de que Bolivia tenga un puerto de acceso al océano Pacífico.
Después de la guerra, el gobierno de Santa María abandonó la “política boliviana”, animado por el éxito del Tratado de Ancón con el Perú y las buenas relaciones con la Argentina, ya no buscó una solución con Bolivia asegurándolo como futuro aliado, sino soluciones más radicales de presión militar para obligarle a firmar el pacto de tregua. Este pacto fue suscrito bajo la presión de que se reanuden las hostilidades.
Pese a los esfuerzos de los enviados bolivianos, Belisario Boeto y Belisario Salinas, para asegurar un puerto para Bolivia, la Cancillería chilena negó esa posibilidad.El proceso de negociación del pacto dejó en claro dos posiciones irreconciliables que persisten hasta la actualidad. Bolivia reclama su derecho a tener un acceso soberano al Pacífico y Chile se la niega aduciendo que no puede interrumpir su territorio ni disponer sobre el territorio anteriormente peruano, aunque sobre esto último se dieron cambios muy importantes en los años 1895, 1920, 1926, 1950 y 1975.
La soberbia chilena con la que concluyó la década de los ochentas terminó a consecuencia de la crisis política en Chile que desencadenó la Guerra Civil en Chile de 1891 y por el acercamiento de Bolivia con Argentina que desembocó en el Tratado de Límites por el cual Bolivia cedía la Puna de Atacama a cambio de mantener Tarija. Durante la Guerra Civil, la Junta de Iquique buscó un acercamiento con Bolivia a cambio de la provisión de armamento.
La Junta de Iquique envió a Sucre a Juan Gonzalo Matta para comprar armamento; el Gobierno de Arce propuso que a cambio se prometa un puerto para Bolivia, a lo que la junta se negó, así que no hubo ni armas, ni puerto, pero quedó un camino abierto para que el Gobierno chileno retorne a “la política boliviana”.
En el gobierno de Jorge Montt (1891–1896), la denominada “política boliviana” de la Cancillería chilena resurgió y nuevamente para ello tuvieron que ver las relaciones con la Argentina. Las relaciones entre Chile y Argentina, cordiales durante el gobierno de Balmaceda, entraron en una profunda tensión debido a un nuevo viraje de la posición argentina, al mando del canciller Estanislao Zeballos, respecto a cómo solucionar los problemas pendientes con Chile, llegando a plantear incluso posiciones belicistas para detener el “expansionismo chileno”.
En contrapartida, las relaciones entre la Argentina y el Gobierno boliviano, encabezado por Mariano Baptista, fueron óptimas hasta llegar a un Tratado de Límites en el que ambos países salieron ganando. Como los propios historiadores chilenos lo reconocen, el hecho de que la diplomacia chilena retome la estrategia de un acercamiento a Bolivia, estaba íntimamente relacionado con el peligro que significaba una guerra con Argentina, teniendo a Bolivia como aliado, conocida la propuesta del Gobierno argentino de una salida libre por el Atlántico.
Así el Gobierno chileno instruyó a su ministro Plenipotenciario en Bolivia, Juan Gonzalo Matta, iniciar conversaciones para lograr un Tratado de Paz definitivo sobre la base de la cesión de Bolivia de su provincia del Litoral a cambio de que Chile le transfiera un puerto al Pacífico con el fin de solucionar su mediterraneidad.
Las negociaciones no fueron fáciles, duraron tres años, muchas razones de detalle, pero sobre todo, las dificultades de decisión política en ambos países. En Chile, los constantes cambios de ministros; en Bolivia, la oposición liberal, la influencia Argentina, la fidelidad a la alianza con Perú influyeron para las constantes dilaciones. Finalmente, el 18 de mayo de 1895 se suscribieron en Santiago tres tratados, uno de paz, uno de transferencia de territorios y otro de comercio.
Lo más importante de los tratados citados, en función de la política actual boliviana, es el reconocimiento oficial de Chile del derecho y la necesidad de Bolivia de tener un libre acceso al mar, manifestado en el preámbulo del Tratado de Transferencia de Territorios con “el propósito de estrechar cada vez más los vínculos de amistad que unen a los dos países y de acuerdo con que es una necesidad superior, el futuro desarrollo y prosperidad comercial de Bolivia requiere su libre acceso al mar”. No sin dificultades, los gobiernos de Chile y Bolivia, mediante sus respectivos congresos, ratificaron los tratados y canjes en abril de 1896, pero no entró en vigor por la no aprobación de los protocolos complementarios.
Lo importante de recordarlos es que en esa ocasión el Gobierno chileno reconoció la necesidad de no dejar a Bolivia sin puerto propio. Luego, los gobiernos chileno y argentino lograron solucionar su conflicto y a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX la política chilena cambió completamente y, aprovechando la situación interna y externa que vivía Bolivia, lo obligó a firmar el Tratado de 1904, descartando la posibilidad de otorgarle un puerto propio. Pero, como ya habían previsto las mismas autoridades chilenas, condenar a Bolivia a un perpetuo enclaustramiento no garantizaba una verdadera paz en el continente y se convertiría en una fuente de perpetua controversia. Por eso varios gobiernos chilenos posteriores aceptaron buscar soluciones para otorgar a Bolivia un puerto propio.
