Edmundo Salazar Terceros, un diputado del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) fue asesinado mientras investigaba el llamado caso Huanchaca, tras el triple crimen que cegó – aquel 5 de septiembre de 1986- la vida del naturalista cruceño Noel Kempff Mercado, el piloto Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada, durante la expedición biológica boliviano española a la meseta de Caparú o Caparuch, en el entonces parque Nacional de Huanchaca, en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.
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La supervivencia del ictiólogo español Vicente Castelló reveló no solo que los fallecidos en el entonces Parque Nacional fueron masacrados a tiros y calcinados por sicarios, tras descender en una avioneta en una pista clandestina, aquel sábado 5 de septiembre de 1986. Sino que se evidenció una gran fábrica de cristalización de cocaína, considerada en ese entonces la más grande factoría.
La ciudadanía cruceña se movilizó ante el funesto hecho y expresó su molestia con la Marcha del Silencio y en el documento de la Declaración de Santa Cruz, exigía respuestas al Ejecutivo, Policía, Ejército y a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
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Edmundo Salazar Terceros fue elegido para integrar esta comisión y asumió la labor con la convicción de que no se podían quebrar las expectativas del pueblo cruceño y boliviano sobre las interrogantes del funesto suceso, recuerda ahora su hermano René Salazar.
El legislador del FRI afirmaba que se debían aclarar los motivos de la demora de 72 horas en el rescate de los cuerpos. Según el libro “Modelo político empresarial de la cocaína” de Hugo Rodas Morales (1996). El cadáver del guía Franklin Parada recién fue encontrado el 15 de septiembre. En el mismo material, se menciona que la Policía y el Ministerio Público ingresaron al lugar el 30 de septiembre. Es decir, 25 días después de los asesinatos.
Salazar Terceros junto a sus colegas Roger Cortez (PS-1) y Mario Velarde Dorado (MNR), entre los más destacados de una lista de 10 parlamentarios, iniciaron la recolección de la información. A medida que hallaban datos se enfrentaban a una compleja trama. Llovían nombres de narcos, policías y militares, incluso organismos internacionales, salpicados por lo que se llamó el narcoescándalo.
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Pero, dice el escritor, ésa era la fachada con la que operaba la dictadura de Hugo Banzer Suárez para la producción de droga. Además, rescata la declaración del piloto canadiense Michael Andrew Little, quien confirmó el funcionamiento de esa factoría de droga desde 1976, con una breve suspensión en 1979 y posterior reactivación en 1981, durante la dictadura de Luis García Meza.
Sobre los propietarios de la fábrica de droga, las investigaciones apuntaron contra Alejandro Pacheco, Tita Roca, Sergio Vaca y Jorge Roca Suárez (Techo de Paja). El nombre de Humberto Nicanor Gil Suárez también sonó fuerte, según el artículo “Narcoaviones y protección policial”, de Teo Roncken, publicado en el libro “Crimen en uniforme”, de varios autores. Un recorte de prensa de Edmundo Salazar
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Salazar Terceros repartía sus tiempo de investigación entre La Paz y Santa Cruz, y cuando llegaba a la capital oriental comentaba a su hermano René que sentía que se ponían trabas a la investigación y consideraba que se filtraban las indagaciones sobre Huanchaca.
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| Edmundo posa con su hija mayor |
Sin tapujos, Salazar Terceros acusa al ministro del Interior, Fernando Barthelemy Martínez, de encubrir con el velo de la ambigüedad las responsabilidades detectadas tanto en los jefes de organismos nacionales como con el personal extranjero de la DEA. No solo eso, Salazar -decía- que éstos actuaban con plena autonomía en el país, subordinando las decisiones de las fuerzas del orden y gozaban de inmunidad diplomática por lo que no podían ser convocados a declarar.
El aludido Ministro del Interior respondía que no habían las condiciones técnicas para operar en el lugar y que el trabajo de la comisión excedía sus facultades.
Reiteró en varias ocasiones, que el equipo norteamericano (Black Hawk) tampoco pudo entrar a tiempo a Huanchaca por falta de apoyo logístico para el reabastecimiento y porque no era adecuado para la lucha contra el narcotráfico. Las explicaciones de toda índole incluían la falta de autorización del jefe del Comando Sur, general Jhon Taylor, quien estaba jugando golf en Panamá.
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Según el político Ramiro Paz Cerruto -recogido en el ya mencionado libro de Hugo Morales Rodas- “Juan Carlos Durán (secretario de la Presidencia) y Gonzalo Sánchez de Lozada (ministro de Planeamiento) negociaron con el embajador de Estados Unidos, Edward Rowell, el informe de la DEA sobre Huanchaca”. Salazar durante un acto en Santa Cruz
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Salazar Terceros lee el 7 de noviembre de 1986, ante la prensa cruceña, el informe sobre los avances de su comisión, critica el contubernio entre el MNR y ADN por la aprobación de una resolución (010/86) para cerrar el caso en una sola sesión sin debate de por medio.
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El Parlamento cerró el debate y los miembros de la comisión en minoría se quedaron solos. Roger Cortez no pudo impulsar una investigación especial y Mario Velarde Dorado fue designado como embajador.
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Inicia ahí la odisea de la familia Salazar-Oroza
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María Elena Oroza Werner, quedó devastada por la forma en la que perdió a su pareja, también en su primera infancia quedaron sin padre, María Claudia de 3 años, María José de 2 años y Juan José Edmundo de pocos meses.
La joven viuda se negó a resignarse y luego, de recuperar fuerzas, emprendió una lucha para esclarecer y encontrar no solo a quienes arremetieron contra su esposo sino a los que ordenaron el crimen.
Los días posteriores son aciagos para la familia. René Salazar rememora que las autoridades les daban informaciones al oído. Dice que caminaban de herodes a pilatos en busca de mayores indagaciones.
Les presentaban a falsos sicarios incluso relacionaron la muerte de Edmundo con un tema de faldas, “pero todas las mentiras se les cayó”, asevera el familiar . Reciben amenazas de todo tipo. No lograron sensibilidad en el caso en el Gobierno del MNR.
«Deseo que con la llegada del Nuevo Año (1987) las promesas del Gobierno y de sus representantes se cumplan y se ponga punto final a la corrupción y el prevaricato. Seguiré insistiendo hasta que se esclarezcan los hechos”, decía Lucila Terceros viuda de Salazar, tras el asesinato , con ese dolor que se siente al parir… o perder un hijo.
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María Elena Oroza viuda de Salazar por ochos años, asistía a extenuantes sesiones del Congreso en La Paz. Iba de reunión en reunión para conocer mayores avances sobre el caso de Edmundo Salazar Terceros.
Según el desaparecido periódico Hoy, presiona para que el Congreso le designe un abogado, pero tras verificar la falta de pago, siente el desdén del Acuerdo Patriótico (1993-1995).
Al respecto, René Salazar, recuerda que había gran esperanza en ese periodo para esclarecer la muerte de Edmundo, pues era una de las promesas electorales.
María Elena Oroza viuda de Salazar incomodaba también con sus declaraciones, que apuntan a la DEA y al ahora diputado del MNR, Fernando Barthelemy. “ En algún momento van a perder su inmunidad”, declaraba al matutino Hoy.
Igual que en 1986, el aludido legislador del MNR, en una amplía entrevista en radio Panamericana dijo que nunca dio una contraorden y calificaba las arremetidas en su contra como una infamia. Juraba que en ninguna parte del mundo y “menos en Huanchaca tenía una hectárea de tierra”.
María Elena Oroza buscó justicia para su esposo
El viernes 8 de abril de 1994, María Elena llevó a sus hijos, como todas las mañanas, al colegio Cristo Rey, pero no volvería a recogerlos. En la calle Independencia y La Riva, cerca del centro educativo, fue atropellada por un vehículo. Tres niños quedaron otra vez rotos en su primera infancia. María Claudia de 10, María José de 9 años, y Juan José Edmundo de 7 años.
“El momento y el lugar del accidente hacen suponer que pudieran estar siguiendo sus pasos. Hay conjeturas, se ha amedrentado a los testigos”, declaró al periódico El Diario la cuñada Benita Salazar.
La hermana de la fallecida, Erika Oroza, expresaba al mismo medio “dudas, muchas dudas sobre el hecho».
Un informe oficial certificado por peritos franceses, del que informó el periódico Hoy, estableció que María Elena sufrió un accidente de tránsito. Sin embargo, “dos jardineros de la Iglesia Alfa y Omega, ubicada al frente del siniestro, dijeron que el jeep Toyota Land Cruiser con placa SIE-115, manejado por Roberto Balcázar Bulacia, estaba estacionado y que de repente el conductor aceleró a gran velocidad”.
Desaparecieron los testigos y el caso se cerró como homicidio y lesiones graves y gravísima en accidente de tránsito.
Deysi Werner viuda de Oroza, guardó luto por tres años, solo se quitó a insistencia de una de sus hermanas.
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Los procesos judiciales de Edmundo Salazar Terceros y María Elena Oroza Werner fueron una metáfora kafkiana.
El proceso del primero duró 22 años. Desde la fecha del asesinato en noviembre de 1986 hasta la confirmación de sentencia con el Auto Supremo № 417 de diciembre de 2008.
Inicialmente, en 1994 el Juez Primero de Partido en lo Penal de Santa Cruz, liberó de culpa y pena a los procesados.
Ante un pedido de apelación por el Ministerio Público en 1997, se revoca parcialmente la sentencia, y establece que el autor de la muerte de Salazar es Eynar Ayala Hurtado (30a) y su cómplice Gualberto Suárez Olivera (20a), además de Humberto Nicanor Gil (10a). Quienes debían cumplir su sentencia sin derecho a indulto, en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz.
Para el jurista José Villarroel Barrios, respecto a la sentencia de Edmundo, afirma que “Hubo una deliberada dilación. En 1997 se modificó el Código Penal y el caso ingresó como un proceso de liquidación; esta situación no debiera haber influido en la demora, pero es algo que hay que mencionar. Hay que recordar, además, que en esa época (1986) se tocaron fibras íntimas del poder político y el narcotráfico. Yo, cuando era fiscal de Narcóticos (nuevo siglo), encontré nexos entre narcotraficantes con políticos del pasado”, concluye Villarroel.
El mismo letrado considera que hubo negligencia en el procesamiento del caso de María Elena Oroza, en un análisis del Auto Supremo № 388 emitido el 3 de diciembre de 2007, “Los fiscales no presentaron a tiempo los expedientes y los acusados, no pueden ser juzgados indefinidamente en el tiempo. Es una sanción a los operadores de justicia”.
Humberto Nicanor Gil nunca entró a la cárcel por el caso Salazar. Murió en 2005 en una reyerta en el penal de Palmasola. José Gualberto Suarez Olivera, según la página exequial Prever, falleció el 14 de agosto de 2006, y haciendo cuentas, murió durante el periodo de su sentencia de 20 años. En el caso de Eynar Hurtado Ayala, queda la duda, una fuente confió, que hace como 10 años, vio al mencionado en el trabajo de taxista.
María José Salazar Oroza incursiona en la política
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Hay heridas que no cierran. A casi 35 años de la muerte de Edmundo y 27 de María Elena Oroza, algunos de sus familiares hurgan en el dolor.
Para Silvia Salazar, la sobrina de Edmundo, hablar de su tío es tocar una herida abierta y sentir su ausencia. Ella tiene presente el día que falleció su tío. Jugaba con su primo mayor en uno de los ambientes de la casa de la abuela materna cuando el periodista del canal universitario Jorge Arias leyó sobre el asesinato.
Ahora que ella es una mujer de leyes, afirma con vehemencia que sigue su ejemplo de ética. “Como funcionaria pública, fiscal, juez sumariante, me han ofrecido dádivas, pero tengo presente el ejemplo de mi tío”.
René Salazar, es el cuarto hermano de Edmundo, con un halo de tristeza recuerda el día del asesinato. Él fue una de las personas que trasladó el cuerpo ya sin vida al hospital, luego del funesto hecho. No solo eso, tuvo que hacer de tripas corazón para dar la noticia de la muerte de María Elena a sus tres sobrinos.
Su voz sonora y gruesa se quiebra al recordar a su mamá Lucila Terceros viuda de Salazar, quien murió con la esperanza de lograr justicia para su hijo. Cuando ella dejó este mundo encontraron debajo de su cama un centenar de recortes de noticias amarillentas sobre el asesinato.
Benita Salazar no quiere hablar y se entiende. En una entrevista que concedió a la Radio Somos Sur en 2016 expresó su frustración sobre el caso.
—¿Qué hemos logrado hasta ahora? Nada. No queríamos venganza, queríamos justicia. Él se lo merecía. El recuerdo de Edmundo no muere, aunque las cosas oficiales no lo recuerden. He visto la falta que ha hecho. Me embarga la tristeza (masca su dolor). He visto confabulaciones en distintos gobiernos de turno. Hemos entendido que el mal se campea (llora). He visto crecer a sus hijos sin un padre. Él muere para acabar con lo ilícito, pero a este tiempo, esa lacra está avanzando a áreas morales. El boliviano se está destruyendo por el narcotráfico”.
Erika Oroza es la hermana menor de María Elena. Afirma que era evidente que la salida constante de su hermana a la prensa incomodaba al partido de Gobierno (MNR). “Ella de manera incesante buscó la verdad. Días antes de su muerte, era de conocimiento que viajaría a La Paz para realizar mayores aportes sobre la denuncia referente a la muerte de Edmundo”.
Sobre su cuñado afirma que “era un hombre extraordinario y parte de una nueva generación que tenía una causa. Él luchaba por las cosas justas, buscaba una sociedad libre, limpia de las impurezas de la corrupción. Huanchaca era el nudo de la expresión de cómo el poder era permisivo”.
Piden que se repongan los bustos de los esposos Salazar Oroza
Deysi Oroza viuda de Werner falleció el 17 de febrero de 2020. Cuando falleció, su familia le dedicó este mensaje: “Ella nos dio el amor más puro de corazón de madre, logró que en sus brazos olvidáramos la pena más grande, nos llevó de la mano por la vida. Gracias, Señor”.
Edmy Borja tiene 63 años y, desde sus 16, conoció a Edmundo Salazar cuando él realizaba formación política. Con esa voz firme dice que las fechas no las recuerda con precisión debido a secuelas de las torturas que recibió durante las dictaduras (70-80), pero la historia sí la tiene presente.
“Edmundo era un formador de cuadros políticos (militantes). Tenía un sentido democrático. No te llevaba a cantar vivas ni coordinaba por teléfono. Estaba en contra de la tiranía. Para él, denigrar era un pecado. Insultaba con ideas. También salíamos a pintar consignas de protesta contra las injusticias del poder”.
A María Elena la recuerda viviendo en el Parlamento. Edmy era su guardaespaldas. Debido a las amenazas que recibían, tenían que ir de casa en casa. “¿Sabes? Le ofrecieron dinero para que deje el caso, pero ella, la memoria de su esposo, no la iba rifar”.
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María José Salazar Oroza, una de las hijas de los esposos fallecidos, ahora tiene 37 años, y recuerda que conoció por fotos a su padre, rememora yendo con él en una movilidad, no más. Aunque su abuela Deysi le contaba que se escondía debajo de la cama para jugar con él.
—A mi madre la extrañaba mucho los primeros días y pedía perdón por haber rechazado el jugo con leche que me ofreció días antes de morir. Es que yo odiaba la leche Anchor. Rogaba porque me ofrezca ese jugo por última vez.
La política era un capítulo cerrado en su vida, pero la sangre llama. Y ese legado que lleva en sus venas, se verá ahora que ella incursiona en la política como diputada nacional por Comunidad Ciudadana. El 27 de octubre de 2020, recibió la credencial de diputada suplente por esa sigla. Ese día, dijo que honraría la memoria de sus padres.
El 10 de noviembre del mismo año, organizó un homenaje a sus progenitores en las jardineras de la avenida Mutualista y 2do. Anillo, donde estuvieron los bustos de ambos hasta 2017, y que luego fueron sacados por daños y este 2021 se desconoce el lugar de su paradero.
En esa oportunidad, Salazar Oroza, pidió a la Alcaldía de Santa Cruz que reponga las imágenes de los “defensores de los derechos civiles”, que así decía la plaqueta instalada en el camellón de la avenida Mutualista y segundo anillo.
María José no quiere petrificarlos y anuncia que como legisladora esperará el momento oportuno para reabrir el caso de Edmundo Salazar.
—Es una tarea pendiente sacar a la luz lo que realmente pasó. La arena política no es fácil, pero lo intentaré.
Por: María René Cruz Moscoso.
