La publicación de la APDHB narra cinco hechos sucedidos en la lucha por la democracia entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre de 2019, un relato construido por muchas voces.
Alfonso Gumucio Dagron
La historia transcurre en líneas paralelas, con lecturas diferentes. Los mismos hechos pueden ser recordados y contados con matices distintos, no solamente por el sesgo político sino por el peso que se otorga en la balanza de la memoria a la interpretación y a la vivencia personal.
El río caudaloso de la historia, avanza regando a ambos lados generosidad y compromiso para permitirnos crecer como naciones libres y soberanas, basadas en valores humanos que tienden puentes desprovistos de intereses mezquinos.
La libertad es un principio humano que no debe ser violado con argucias políticas, y los derechos consagrados por las leyes no deben ser escamoteados con trampas y por capricho de unos pocos poderosos.
Por ello, es primordial conocer quién narra los hechos. No es lo mismo la voz independiente de los defensores de la verdad histórica y de los derechos humanos, que la avalancha de propaganda de un gobierno que controla los medios de información con recursos públicos.
Relato de un pueblo: Derechos Humanos y resistencia democrática en 2019, publicado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, es una lectura testimonial que tiene un sesgo humanista ineludible: el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en un periodo fundamental de la historia reciente de Bolivia. No puede uno estar en contra de ese principio básico de transparencia.
Entre esos hechos es importante mencionar: la aprobación forzada de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, las elecciones generales de 2009 y de 2014, los intentos anti-constitucionales para prorrogarse indefinidamente en el poder, el referendo del 21 de febrero de 2016, las elecciones judiciales de 2017, el avasallamiento progresivo de todos los poderes del Estado, el uso y abuso de recursos del erario en la propaganda de una sigla política y una persona, y la violación de derechos individuales y colectivos. Esos, entre otros hechos con los que se llegó a las elecciones de 2019, marcadas por un fraude preparado con premeditación y alevosía.
El libro hace énfasis en cinco momentos cardinales de la lucha por la democracia en octubre y noviembre de 2019, para que no se olviden las jornadas de resistencia que marcaron la memoria de quienes participaron.
La primera etapa se produjo a lo largo de varios años con la estrategia de copar todos los poderes del Estado, violando la propia Constitución Política que se había aprobado según el diseño que quería el MAS, y que limitaba a dos periodos consecutivos la permanencia en la presidencia del Estado. El control del sistema de justicia, incluido el Tribunal Constitucional Plurinacional, permitió al MAS habilitar nuevamente a sus candidatos a la presidencia y vice-presidencia.
El segundo momento se produjo el día de las elecciones del domingo 20 de octubre, cuando la interrupción del sistema de transmisión de datos electorales en tiempo real, puso a la población en alerta ante un posible fraude para impedir una segunda vuelta electoral en la que el candidato Evo Morales perdería, según todas las encuestas. El conteo rápido de actas fue interrumpido deliberadamente durante 23 horas, al cabo de las cuales la tendencia fue revertida y los porcentajes que ofreció el Tribunal Supremo Electoral (TSE) regalaban una victoria en primera vuelta al candidato del MAS.
La misma noche del domingo 20 comenzaron las vigilias ciudadanas para proteger el voto en todas las capitales de departamento. En pocos días se documentaron varios incidentes de maletas electorales trasladadas irregularmente a domicilios privados, papeletas marcadas en favor del MAS, material electoral en basureros, actas falsificadas, etcétera.
Cuando, a pesar de esas evidencias, se reinició el sistema de TREP el lunes y el TSE otorgó a Evo Morales la victoria en primera vuelta, la población redobló las vigilias y algunos grupos de ciudadanos enardecidos (en medio de los que se filtraron provocadores enmascarados) atacaron e incendiaron los Tribunales Electorales Departamentales (TED).
La tercera etapa comenzó el miércoles 23 de la misma semana de octubre, cuando una amplia gama de instituciones se sumó al paro cívico y exigió transparencia y respeto al voto ciudadano. Varias instancias de la Iglesia Católica, estudiantes y profesores de universidades públicas en todos los departamentos, gremios de médicos, de maestros, y cooperativistas, militares en servicio activo y pasivo, comités cívicos y colegios de profesionales, elevaron su voz para denunciar el fraude electoral. En esos días su reclamo fue acompañado por la misión electoral de la OEA, por la Unión Europea y varios países que pidieron al gobierno de Bolivia transparencia y una segunda vuelta electoral.
Los reclamos se apoyaron en peritajes realizados por expertos informáticos que revelaron irregularidades en las actas que el propio Órgano Electoral Plurinacional (OEP) publicó en su plataforma de internet. El ingeniero Edgar Villegas fue el primero en mostrar pruebas, y en pocos días se presentaron otros estudios independientes del ingeniero Rodolfo Salinas, de la Comisión Técnica, Informática y Jurídica del Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, del ingeniero Mateo Urquizo, del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz, además de informes de las dos empresas de seguridad informática contratadas por el OEP, Neotec y Ethical Hacking, que confirmaron la existencia de un servidor externo que habría manipulado las actas durante el apagón de 23 horas.
La incertidumbre de la población sobre un fraude electoral se convirtió entonces en una certeza probada científicamente. Ello motivó a más ciudadanos a salir a las calles a cerrar con cintas y banderas tricolor las principales arterias de las ciudades, impidiendo el paso de vehículos.
Esta fase de participación ciudadana, que tuvo que enfrentar a grupos violentos, se extendió durante 21 días en los cuales el país estaba paralizado en espera de una solución política que solo podía pasar por la renuncia del presidente, directamente implicado en el fraude.
En los primeros días de noviembre se produjeron las dos primeras muertes en Montero, por disparos de militantes del MAS, según pudo identificar la Policía que tomó presos a los agresores. En Cochabamba falleció tres días después un estudiante. Las agresiones a periodistas por parte de grupos de choque se repitieron todos los días.
Los pedidos de transparencia al TSE se generalizaron, y en pocos días se convirtieron en pedidos de renuncia de los vocales. Desde fines de octubre numerosas organizaciones e instituciones de la sociedad exigieron además la renuncia del presidente Morales y nuevas elecciones sin su participación, como la única posibilidad de lograr una salida política para terminar con la polarización y la violencia.
Cansada de ser utilizada como instrumento de represión, la policía de Cochabamba se acuarteló el 8 de noviembre, y en las horas siguientes lo hicieron policías de otros departamentos. Las calles quedaron libradas a enfrentamientos desiguales entre vecinos desarmados y grupos afines al MAS armados de palos, cachorros de dinamita y bombas molotov preparadas en instituciones del Estado, como el Ministerio de Culturas.
La cuarta etapa se inició con la renuncia del presidente, vicepresidente, ministros y parlamentarios del Movimiento al Socialismo, con el propósito de crear un vacío de poder y precipitar una profunda crisis política, económica y social. La policía y el ejército se replegaron, lo cual dejó el espacio libre para que simpatizantes del MAS salieran a las calles al grito de “Ahora sí, guerra civil”.
Los ciudadanos de El Alto y de La Paz, que habían protegido las calles de sus barrios, se replegaron atemorizados a sus viviendas. La imagen de tiendas, casas y edificios con puertas protegidas por calaminas o planchas de madera se hizo cotidiana, ante el temor de una avalancha de asaltos como la que tuvo lugar en varias ciudades, donde grupos violentos vaciaron tiendas y robaron empresas industriales.
El miedo a la violencia hizo que los ciudadanos se pertrecharan en sus casas luego de comprar alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad que dejaron las tiendas vacías. Se acabó el gas en garrafas y el combustible para los vehículos, las ciudades quedaron desiertas y abandonadas. Salir a la calle con una bandera boliviana se convirtió en una afrenta, por lo que simpatizantes del MAS no dudaron en atacar a personas indefensas.
El Movimiento al Socialismo circuló mensajes con la consigna de crear caos, y distribuyó dinero en efectivo a grupos como los que cercaron e intentaron tomar la planta almacenamiento de combustible en Senkata o cocaleros que llegaron desde el Chapare hasta Sacaba con la intención de ocupar la ciudad de Cochabamba. En ambos casos, el ejército intervino causando víctimas mortales. Algunos fallecidos eran solamente curiosos que merodeaban por el lugar, pero otros eran militantes con armas no convencionales. Esta cuarta etapa se caracterizó por el miedo de la ciudadanía en una situación de vacío de poder que fue aprovechada por vándalos motivados políticamente o por simple afán de pillaje.
La quinta etapa se desarrolló en paralelo: las negociaciones para una sucesión constitucional que devolviera al país la paz social. Con mediación de la Iglesia Católica, representantes de la Unión Europea y de Naciones Unidas, y la participación de dirigentes de diversas fuerzas políticas, entre ellas el propio MAS, se llevaron a cabo reuniones que establecieron la ruta para el retorno a la vida democrática.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, con la participación de algunos diputados y senadores del MAS que no habían renunciado, avaló la sucesión constitucional. La senadora Jeanine Añez fue nombrada presidenta transitoria, con la principal misión de encaminar a Bolivia hacia elecciones democráticas y transparentes en el plazo más breve posible, con un Tribunal Supremo Electoral imparcial y con la participación sin exclusiones de todas las fuerzas políticas.
El mérito de este libro es que no tiene otro propósito que refrescar la memoria de los hechos y de las voces que narran esos hechos. Todo puede ser corroborado en las noticias de esas cinco semanas que transcurrieron entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre de 2019.
Testimonios recogidos por periodistas, observaciones directas y fotografías que se publicaron en plataformas virtuales, así como los relatos recogidos después de los hechos, forman parte de este documento que pretende que no nos gane la amnesia provocada por la avalancha de desinformación.
Yo viví esas jornadas, no me las contaron. Como tantos otros ciudadanos viví la indignación por las manipulaciones y el fraude. En las esquinas cercanas a mi domicilio estuve día a día en la resistencia pacífica de los vecinos, familias enteras envueltas en banderas bolivianas que extendieron de un lado a otro de las calles cintas y banderas para cortar el tráfico de vehículos. Vi adultos mayores que sacaron a las calles sillas o bancos, y mamás que se reunieron con sus hijos en los puntos de bloqueo.
A través de los teléfonos celulares o de radios de transistores, todos seguían la evolución de las noticias. Una sensación de júbilo invadió a los “pititas” cuando Evo Morales reconoció que hubo irregularidades en el acto electoral, destituyó a los vocales del TSE y renunció junto con todo el elenco del MAS.
Pero ese día empezaron las jornadas de miedo que hicieron replegarse a sus casas a los vecinos, proteger sus puertas con calaminas y esconder la bandera nacional.
Alfonso Gumucio Dagron / Escritor y cineasta
