Las detenciones fueron pan de cada día durante la dictadura implantada por García Meza
POR MIGUEL GÓMEZ / LA PAZ
Han pasado 44 años desde aquel oscuro 17 de julio de 1980 en que la democracia fue nuevamente golpeada por los militares. Luis García Meza y Luis Arce Gómez implantaban una dictadura marcada por un duro plan represivo financiado por el narcotráfico.
Léase al respecto, “apresamientos, torturas, asesinatos, desapariciones, no solo a dirigentes políticos y sindicales, también a miembros universitarios, miembros de las Iglesias particularmente católica, metodista y luterana que desarrollaban actividades sociales. La persecución no tenía límites”, remarca el documento.
Ese 17 de julio, la asonada militar liderada por el general castrense derrocó a Lidia Gueiler, durante cuyo mandato constitucional no fueron desmantelados el aparato de inteligencia y los organismos de represión creados por el Plan Cóndor y socapados en la dictadura de Hugo Banzer, los cuales permanecieron activos.
TESTAMENTO
Así, los bolivianos estuvieron librados a la amenaza lanzada por el coronel Arce Gómez, recién posesionado como ministro del Interior: “Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley (de Seguridad Nacional) tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón”. Y sucedió así.
De acuerdo con los datos recolectados por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), hasta la renuncia del dictador García Meza, el 4 de agosto de 1981, se contabilizaron al menos 29 desapariciones forzadas y 500 asesinados, torturados, heridos y detenidos.
Son parte de las cifras de luto dejadas por los gobierno de facto en el país. La Comisión de la Verdad señala en su informe final que, tras la comparación de fuentes y el análisis de testimonios, se documentó que, entre 1964 y 1982, “fueron asesinadas 363 personas en ejecuciones sumarias, torturas seguidas de asesinatos, masacres y asaltos a centros mineros, comunidades y domicilios particulares”.
En cuanto a la dictadura garcíamezista, esta institución verificó la desaparición forzada de 25 personas. El documento subraya el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) de ese 17 de julio, desde cuando no se tiene rastros del político socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz; o el atentado contra Genaro Flores, entonces máximo representante de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, herido después de una “sañuda persecución” que lo dejó paralizado de por vida.
Otro episodio nefasto fue la Masacre de la calle Harrington, el 11 de enero de 1981, cuando agentes de la represión asesinaron a ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en el barrio de Sopocachi, en La Paz. “Este asesinato masivo es considerado un genocidio, porque estuvo dirigido contra un grupo específico al que se consideraba enemigo”, afirma la comisión.
Las víctimas fueron Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro Mogro, Artemio Camargo Crespo, Arcil Menacho Loayza, Gonzalo Barrón Rendón y Jorge Baldivieso Menacho. “Solamente Gloria Ardaya Salinas logró salvar la vida al ocultarse bajo una cama, aunque luego fue descubierta y sometida a la tortura física y psicológica”.
Este crimen marcó un antes y un después para García Meza, ya que, según la memoria de la Comisión de la Verdad, fue un “punto de inflexión del régimen en materia política, pues este asesinato masivo, más la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz el día del golpe, mostró con claridad el carácter sanguinario y criminal de sus principales cabecillas”. Eso sí, se tuvo que esperar casi siete meses más de atentados contra los derechos humanos para que se cierre el funesto telón de esta dictadura.
Pero, ¿cómo se conformaron las bases para la toma del poder por parte de García Meza? El informe de la comisión lo resume así. “En la gestación del golpe de Estado de 17 de julio de 1980, y todo el proceso de guerra psicológica, tres elementos fundamentales concurrieron para la conformación del aparato represivo y paramilitar: la herencia de la estructura represiva de Banzer, el asesoramiento nazi y argentino y; el financiamiento del narcotráfico” (sic).
Todo se cocinó desde el frustrado golpe de otro militar, Natusch Busch, en noviembre de 1979. Según las pesquisas de la Comisión de la Verdad, Arce Gómez asumió tras esto la maquinaria de la conspiración, al mando del Departamento II del Estado Mayor General del Ejército (Sección de Inteligencia), con represores que habían ganado currículum con Banzer (1971-1978).
“Alrededor de este núcleo se fueron conformando los grupos paramilitares mediante la incorporación de oficiales del Ejército, personal del servicio secreto, militares falangistas, mercenarios extranjeros y gente vinculada con el narcotráfico. Se formó un verdadero batallón con estructura militar, que contaba con escuadras fascistas en distintas partes” del territorio nacional.
En el organigrama aparecía el alemán Klaus Barbie Altman, exalto mando de las SS nazis conocido como el “carnicero de Lyon”, y el respaldo pleno de la dictadura argentina del militar Jorge Rafael Videla, quien se puso manos a la obra para “sustituir a Estados Unidos en la lucha continental contra el comunismo internacional”.
Incluso la confabulación se aplicó antes del golpe del 17 de julio. “La serie de explosiones y atentados terroristas con saldos mortales en el país y el asesinato de Luis Espinal Camps (jesuita, el 21 de marzo de 1980) obedecían a la ejecución del ‘Plan de los Cuchillos Largos’. Estas técnicas terroristas desconocidas en nuestro país, fueron introducidas por los represores argentinos”, complementa el informe de la comisión.
CÓNDOR
La dictadura garcíamezista fue parte del Plan Cóndor, cuyas alas se extendieron en la región gracias a los gobiernos de facto desde los años 60, pero que tuvo su pico entre 1975 y 1983, con una “clara ofensiva contrarrevolunaria”. De esta forma, la represión, las persecuciones, los encarcelamientos, los destierros y los asesinatos traspasaron las límites fronterizos de los países integrantes.
Precisamente esta alianza represiva generó un juicio en Italia, por la muerte de una veintena de activistas de izquierda y disidentes ítalo-latinoamericanos opositores a los dictadores de entonces. En 2017, se condenó a cadena perpetua a represores chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, entre estos últimos figuraban García Meza y Arce Gómez. Una sentencia histórica y simbólica, porque ambos no la pudieron cumplir.
La Justicia boliviana también condenó a estos militares por sus crímenes, en 1993, con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, empero, varios de sus colaboradores quedaron impunes. García Meza falleció en 2018 y su lugarteniente, Arce Gómez, dos años después. Sin embargo, se llevaron a su tumba varios secretos, como la ubicación de los restos de Quiroga Santa Cruz.
Fuente eju.tv
