Sólo entendiendo la realidad previa a 1952, se puede comprender en profundidad la magnitud y la realidad de las transformaciones que hicieron de Bolivia un país distinto que completó un salto, aunque incompleto e imperfecto, al mundo contemporáneo, sostiene el autor.
La tragedia
El colgamiento del Presidente Gualberto Villarroel el 21 de julio de 1946, producto de un movimiento popular (en el que se hallaban comprometidos la izquierda marxista-PIR y la oligarquía de raíz liberal) y una acción colectiva irracional, marcó, paradójicamente, el fin de un largo periodo de la historia republicana de Bolivia, el de quienes hicieron mártir al líder político nacionalista.
La nación antes de la Revolución
La situación de Bolivia antes de los cambios de 1952 era la de una nación desarticulada en varios niveles. Su economía mantenía una estructura de monoproducción minera, basada y dependiente fundamentalmente de las exportaciones de estaño (por décadas fuimos el segundo productor mundial de ese mineral). Esta principal fuente de ingresos estaba manejada por tres grandes empresas bolivianas propiedad de los denominados “barones” del estaño: Simón I. Patiño (uno de los empresarios globales más exitosos de su tiempo), Mauricio Hoschild y Carlos Víctor Aramayo. Esto suponía que el Estado recibía ingresos reducidísimos por impuestos en proporción a las ganancias de los grandes mineros. Era además dependiente directa de los propietarios de los complejos mineros y las fundiciones que (particularmente Patiño) habían instalado en Europa, no en Bolivia por razones vinculadas al imperio minero mundial que entonces controlaba el magnate, y de un mercado internacional que regulaba los precios en función de la realidad de la producción y el precario equilibrio de minerales como el estaño.
La agricultura que se practicaba en altiplano y valles interandinos, estaba a su vez en manos de grandes propietarios que controlaban la producción sustentada en la mano de obra indígena prácticamente gratuita, aunque objetivamente con mayor proporción de sustento alimentario del país (en buena parte por la magra dieta alimentaria de la mayoría de la población) que en el momento actual. Desde el punto de vista social y del sistema productivo, los indígenas dependían casi totalmente del hacendado, a través de la herencia colonial basada en el modelo de la encomienda. Los propietarios, beneficiados por una “estatización” de la tierra en el siglo XIX, que no fue otra cosa que una expoliación para lograr supuestamente la regularización de los títulos de propiedad que facilitó la “reversión” de grandes extensiones en el altiplano y valles, adquirieron esas tierras por precios muy bajos una vez el Estado las puso a remate.
El funcionamiento de esas haciendas incorporaba como parte “natural” de la propiedad a los indígenas, llamados colonos, quienes a cambio de su permanencia en las tierras comunitarias que habían sido suyas, trabajaban sin remuneración a favor de los nuevos propietarios, con la compensación del “derecho” de cultivo para su autoconsumo. Hasta 1945 (en que fue abolido por el gobierno de Gualberto Villarroel) se mantuvo el pongueaje, un eufemismo de un sistema de semiesclavitud que obligaba, además del agrícola, a trabajos no remunerados del “colono” generalmente en la ciudad en favor del hacendado en sus propiedades.
La sociedad boliviana carecía de una clase media urbana significativa, marcándose una diferenciación de clases muy aguda. Estrato dominante compuesto por la gran minería, terratenientes, un pequeño núcleo de familias “tradicionales”, minúscula burguesía y funcionarios. El otro estrato formado por los campesinos indígenas, un pequeño sector obrero y minero y grupos populares de artesanos y gremiales urbanos. La relación entre campo y ciudad era muy estrecha (mucho más que hoy) en el contexto de las asimetrías mencionadas.
No existía un sistema adecuado de seguridad social, aunque sí se habían establecido en el gobierno republicano de Bautista Saavedra (1924) y en el gobierno militar de David Toro (1936), un código y reglas que regían las condiciones de trabajo en minas y fábricas.
Las comunicaciones viales mínimas mantenían al país desarticulado. El desarrollo del oriente era casi impensable por su aislamiento y su aparentemente poco atractivo nivel de oferta de productos.
La visión de transformar esa realidad a partir de una intervención del Estado, sin embargo, se inició con el Plan Bohan, presentado por un equipo de consultores estadounidenses a pedido del gobierno de Enrique Peñaranda (1940-1943), que propuso el desarrollo de infraestructura carretera e inversión en desarrollo agrícola y técnico en las tierras más fértiles de Santa Cruz, además de una migración planificada desde tierras altas a tierras bajas, para iniciar un proceso de diversificación económica que eliminara nuestra dependencia de la monoproducción exportadora minera.
Añadía la necesidad de profundizar la exploración y explotación de petróleo y la construcción de una refinería para el crudo extraído. La carretera Cochabamba-Santa Cruz y la construcción de la refinería de Cochabamba se iniciaron, ambas, antes de 1952.
En el periodo liberal se había desarrollado también un importante proceso de modernización industrial (años 30 y 40) a través de una inversión significativa en el rubro textil, y en la manufactura diversa (alimentos, alcoholes, aguas gaseosas, tabaco, zapatería, construcción, pequeñas fundiciones y tornerías, etcétera), lo que hizo crecer de manera significativa el PIB industrial.
La lógica del cambio
Sólo entendiendo esta realidad se puede comprender en profundidad la magnitud y la realidad de las transformaciones de 1952 que hicieron de Bolivia un país distinto que completó un salto, aunque incompleto e imperfecto, al mundo contemporáneo.
La instrumentación de esa ruta surgida en Bolivia en abril de 1952, se hizo a partir de una organización política, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, cuyos contenidos programáticos no son fácilmente identificables desde el punto de vista de corrientes ideológicas definidas. Este partido propugnaba una alianza de clases en el contexto de una tesis que tocó las fibras de los ciudadanos (Tesis de Ayopaya de Walter Guevara). En ella se planteaba que la confrontación histórica pendiente era la tensión entre nación y antinación, no en la lucha de clases ni en la “decadente” visión de imponer como modelo el liberalismo político republicano. Era la defensa de los intereses y recursos nacionales contra los poderes externos, particularmente el imperialismo y a falta de este, contra la “rosca” minera.
(Nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro). Como medio efectivo para la toma del poder proponía el desarrollo de tres medidas básicas (nacionalización de las minas, reforma agraria y voto universal) para cambiar las estructuras de la sociedad establecida y consolidada por el liberalismo.
El secreto del MNR y la corriente nacionalista fue desplazar al marxismo como opción alternativa al pasado liberal-republicano del país. A ese éxito contribuyó la ya mencionada alianza entre el PIR-Partido de Izquierda Revolucionaria- y el bloque conservador en el bienio 1945-1946.
El derrocamiento brutal de Villarroel tuvo que ver con la alianza antifascista de ambos núcleos políticos, sobre la hipótesis de que el gobierno MNR-RADEPA (Razón de Patria, logia militar ultranacionalista creada en las arenas del Chaco durante la guerra) era –igual que el peronismo argentino– una expresión solapada del fascismo en América Latina. La influencia de Estados Unidos y el Reino Unido en esa acción fue evidente y tuvo que ver con la geopolítica mundial de inmediata posguerra mundial.
La importancia de la guerra con el Paraguay (1932-1935) fue definitiva para patentizar la deficiencia medular del proyecto liberal. Una mayoría del país, los indígenas, quechuas y aymaras eran una vez más excluidos, discriminados y utilizados instrumentalmente. Ese quiebre vergonzoso se puso en claro en la contienda y aceleró la toma de conciencia colectiva sobre tal situación, además de potenciar la creación de corrientes de pensamiento ya existentes cristalizadas en partidos políticos de nueva generación, bajo la influencia marxista, fascista y nacionalista del mundo polarizado de entreguerras.
Un contexto necesario
Las medidas centrales que dieron cuerpo y destino a la Revolución fueron tomadas de modo inteligente y pragmático por el MNR. “Tierra a quien la trabaja y minas al Estado” fueron postulados propuestos por el POR-Partido Obrero Revolucionario- de tendencia trotskista, el PIR e incluso grupos renovadores del viejo liberalismo y FSB-Falange Socialista Boliviana- de cuna fascista, en distintos tonos y con diversos matices.
Es paradigmática en esa dirección la llamada Tesis de Pulacayo (1946), un manifiesto político radical desde la base minera trotskista que proponía de hecho una revolución proletaria.
El punto de partida policlasista, si bien diluía el contenido específico de clase desde la perspectiva del marxismo ortodoxo, permitió hacer efectivo un proyecto político concreto. El MNR se cuidó muy bien, tanto antes como en pleno proceso de gobierno, de no alinearse con el socialismo ni con la revolución democrático- burguesa (a pesar de la imposición del voto universal y de los procesos electorales de los que fue principal beneficiario), aunque, en la práctica esa teórica “tercera vía” no fue real. En esa dimensión estuvo el planteamiento históricamente revisionista de Montenegro.
A pesar del MNR, o quizás gracias a sus líderes, los cambios desarrollados terminaron por definirse como de estructura reformista en lo formal y de hegemonía autoritaria de partido único. Pero sería ingenuo y de un esquematismo peligroso reducir el análisis a esa definición que no abarca ni explica el mecanismo de funcionamiento socio-político, sobre todo de los cuatro primeros años de gobierno nacional-revolucionario.
En primera instancia conviene insistir en que 1952 determinó un desplazamiento de clases a nivel de las decisiones nacionales en el seno del propio gobierno. La sociedad tradicional, conducida por una reducida clase dominante (la oligarquía) intermediaria entre los grandes intereses mineros y el resto de la nación, fue sustituida primero, y afectada directamente en sus intereses después, por el ascenso de un sector de la “clase media” (un estamento difícilmente definible como clase en 1952, y aún de estructura compleja para la clasificación en nuestros días) que a través de un instrumento político (el MNR) condujo a un proceso de transformación estructural del país.
Pero es claro que el cambio esencial no tuvo su eje de interés en esa sustitución violenta, sino en el complejo agrupamiento de sectores sociales excluidos, sobre todo a nivel de proletariado y esencialmente –por la composición demográfica del país– del campesinado indígena. No fue casual que el MNR cambiara la expresión indio (claramente racista y peyorativa) por la de campesino.
Si el MNR fue el instrumento político de la Revolución, la Central Obrera Boliviana (COB), creada el 17 de abril de 1952, cinco días después del estallido de la insurgencia popular, fue su instrumento de clase, definida por el nivel de conciencia política de los mineros, vanguardia natural del proletariado boliviano, dado su carácter de sector neurálgico como sostén de la economía. No era tiempo todavía, a pesar de la proximidad de la reforma agraria (agosto de 1953), de una vanguardia campesino-indígena.
De esa combinación resulta que las medidas graduales y solamente progresistas de un partido y su motor intelectual, se transformaron en cambios de raíz, en cuanto se estructuraron a partir del impulso del co-gobierno (toma de decisiones COB-Ejecutivo y participación de ministros obreros en el gabinete) y sobre la premisa del control obrero en la administración de la nacionalización de las minas que se llevó a cabo seis meses después del ascenso al poder (octubre de 1952).
A pesar de no compartir la raíz marxista del pensamiento de importantes sectores de la COB, el MNR asumió pronto –a través de sus direcciones obreras– el control de la máxima organización de trabajadores del país, lo que le permitió con el paso del tiempo la consecución de sus intereses en el nivel de decisión entre gobierno y COB (por lo menos hasta 1957).
Las paradojas que vendrían
La Revolución Nacional puede verse en una particular dimensión, muy importante para explicar su trascendencia histórica. Dadas sus agudas contradicciones y la distorsión de su contenido, el resultado efectivo más evidente fue la transformación de una nación premoderna, desarticulada geográficamente y dominada por minúsculos pero poderosos grupos de poder, en otra (todavía preindustrial, a pesar de los atisbos mencionados) con un amplio espectro de participación política y con un Estado fuerte dueño de sus recursos naturales esenciales. Se dio además la integración parcial del territorio con el comienzo del rompimiento de la hegemonía andina, en la continuación del Plan Bohan heredado de los gobiernos liberales.
Desde el punto de vista social el mayor esfuerzo en este cambio fue el de la creación de una burguesía capaz de hacer real la modernización del país mediante un desarrollo agroindustrial y, en una paradoja de sus postulados, el intento de instalar una industria estatal con la conclusión de la refinería de petróleo de Cochabamba y la creación del ingenio azucarero de Guabirá en Santa Cruz, pero con un dramático desincentivo a la industria privada duramente golpeada por la altísima inflación del periodo 1953-1957, y dependiente –problema crónico hasta hoy– de los contratos e iniciativas estatales para generarle oportunidades y buenos negocios. “A pesar del MNR, o quizás gracias a sus líderes, los cambios desarrollados terminaron por definirse como de estructura reformista en lo formal y de hegemonía autoritaria de partido único”.
